Tras incurrir en faltas administrativas como no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, firmar acuerdos internacionales contraviniendo la normativa venezolana y asignar obras a contratistas sin cumplir con la ley, la Contraloría General de la República (CGR) impuso una inhabilitación administrativa por 15 años al gobernador de Miranda, Henrique Capriles.
El ente contralor estableció la sanción, tras haber determinado la responsabilidad administrativa de Capriles por una causa iniciada en septiembre de 2016.
La resolución emitida este viernes especifica que el gobernador “incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador del estado Bolivariano de Miranda durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa”, reza un comunicado emitido este viernes por la CGR.
Estas faltas, de las que es responsable Capriles, suponen un riesgo para el patrimonio público de la nación.
Durante este procedimiento se cumplió con todos los pasos para que el Gobernador ejerciera su defensa, por la que Capriles optó por no hacerlo personalmente sino a través de sus abogados.
En conocimiento pleno de la causa que se le seguía, Capriles activó una campaña a través de los medios, al trata de hacer ver que estas averiguaciones estarían relacionadas con la empresa Odebrecht, algo que fue negado tajantemente por el contralor Manuel Galindo.
En esa oportunidad, la CGR citó también a otras personas vinculadas al caso, entre ellas Adriana D’Elia, quien asumió la gobernación durante la campaña presidencial de 2012, en las que Capriles fue candidato.
La CGR es el órgano facultado por la Constitución de la República para establecer las faltas e imponer sanciones administrativas a funcionarios que incurran en irregularidades en el manejo de la tesorería pública.