San Félix, estado Bolívar. La violencia vuelve a encender las alarmas en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, luego de que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciara la muerte de Oliver Rojas, un privado de libertad que presuntamente fue golpeado hasta morir por no poder pagar una cuota semanal conocida como la «causa».
De acuerdo con la denuncia difundida por el OVP, la víctima habría sido agredida por estructuras delictivas que mantienen el control interno de los calabozos. El cobro exigido a los detenidos oscilaría entre 60 y 70 dólares semanales, una cantidad que, según la organización, deben cubrir los familiares de los reclusos o los propios internos.
UN SISTEMA DE EXTORSIÓN DENTRO DE LOS CALABOZOS
El Observatorio Venezolano de Prisiones calificó el fallecimiento como una grave violación de los derechos humanos y advirtió que la situación refleja el poder que ejercen los llamados «pranes» dentro de este centro de detención.
La organización cuestionó que estas estructuras impongan cobros ilegales y recurran a la violencia contra quienes no pueden cumplir con las exigencias económicas, mientras los detenidos permanecen bajo custodia del Estado.
850 DETENIDOS EN UN ESPACIO PARA 100 PERSONAS
A esta denuncia se suma el crítico hacinamiento que existe en Guaiparo. Según cifras del OVP, aproximadamente 850 personas permanecen recluidas en instalaciones diseñadas originalmente para albergar a unas 100.
Esta situación representa una sobrepoblación superior al 566%, lo que agrava las condiciones de reclusión y aumenta los riesgos para la integridad física de los detenidos.
EXIGEN INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES
El OVP exigió una investigación penal inmediata, imparcial y exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte de Oliver Rojas, identificar a los responsables materiales y determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de mando.
El nuevo fallecimiento vuelve a colocar bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad, vigilancia y protección de las personas privadas de libertad en los calabozos de Guaiparo.
La denuncia genera preocupación por la reiteración de muertes y las presuntas redes de extorsión que operarían dentro de este centro de detención de San Félix.
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